Cuando una factura auténtica termina pagándose en una cuenta fraudulenta, localizar al delincuente es solo una parte del problema. 

Un mismo fraude, muchas formas de producirse

El fraude por cambio de IBAN no responde a una única mecánica. En ocasiones, los delincuentes acceden al correo electrónico de un proveedor real y esperan hasta localizar una factura pendiente. En otras, crean un dominio casi idéntico, sustituyen el número de cuenta en una factura auténtica o se incorporan a una conversación ya iniciada para comunicar un supuesto cambio de banco.

También existen variantes en las que se suplanta al administrador de la empresa, al departamento financiero, a una asesoría o a un intermediario que participa en la operación. El engaño puede afectar a un único pago o prolongarse durante semanas y alcanzar varias transferencias.

Por eso no basta con afirmar que hubo un correo falso o que la empresa pagadora confirmó voluntariamente la transferencia. Dos fraudes aparentemente iguales pueden tener consecuencias jurídicas muy distintas.

Encontrar al estafador no resuelve todo el conflicto

La denuncia y la investigación del destino del dinero son importantes. Sin embargo, las cuentas receptoras suelen vaciarse rápidamente, pueden figurar a nombre de terceros y el dinero puede circular por distintas entidades o países.

Mientras se intenta identificar a los responsables, aparece una segunda controversia: el proveedor sostiene que no ha cobrado y reclama nuevamente la factura; la empresa pagadora afirma que ya efectuó la transferencia siguiendo unas instrucciones que parecían proceder del propio proveedor.

La cuestión deja entonces de ser exclusivamente penal. Hay que determinar si el pago realizado produjo efectos liberatorios o si, por el contrario, la obligación continúa pendiente. Y, si el dinero no puede recuperarse del estafador, debe analizarse qué parte debe soportar la pérdida.

¿La transferencia libera a quien realizó el pago?

La normativa civil parte de que el pago debe efectuarse al acreedor o a una persona autorizada para recibirlo. Cuando el dinero termina en una cuenta ajena, puede parecer sencillo concluir que la deuda no se ha pagado.

Pero el análisis no siempre termina ahí. Puede ser necesario valorar si la empresa pagadora actuó siguiendo una apariencia legítima creada desde los canales habituales del proveedor, si el mensaje se integró en una conversación auténtica, si se emplearon documentos reales o si la modificación del IBAN procedía de una cuenta de correo controlada por quien debía recibir el pago.

El proveedor puede sostener que nunca autorizó aquella cuenta y que la factura sigue pendiente. La empresa pagadora puede alegar que actuó de buena fe y que la apariencia del cambio se originó en una quiebra de seguridad situada fuera de su esfera de control. Ninguna de estas posiciones debe darse por válida de manera automática.

¿Dónde se produjo la quiebra de seguridad?

Este suele ser uno de los elementos decisivos. No es lo mismo que los delincuentes hayan accedido al correo del pagador que al buzón del proveedor. Tampoco es equivalente una factura manipulada recibida desde una dirección desconocida a una instrucción enviada desde el mismo canal que las partes llevaban utilizando durante meses.

Debe reconstruirse quién controlaba el canal comprometido, qué apariencia de legitimidad se generó, qué información conocían los delincuentes, cómo se comunicó el cambio de cuenta y qué comprobaciones eran razonablemente exigibles atendiendo al importe y a la relación comercial.

La posible responsabilidad puede depender de circunstancias como:

• el origen real de los correos y la cuenta que fue comprometida;
• la existencia de pagos anteriores al mismo proveedor;
• la forma en que se comunicó el nuevo IBAN;
• la intervención de empleados, asesorías o plataformas de facturación;
• los protocolos de verificación existentes y la conducta seguida por cada parte;
• la actuación de las entidades bancarias y la eventual cobertura de seguros.

No se trata únicamente de localizar quién pulsó el botón de la transferencia. Se trata de identificar qué actuación permitió que el engaño resultara creíble y cuál fue la causa jurídicamente relevante del perjuicio.

Cada caso exige una reconstrucción completa

En los fraudes por cambio de IBAN no existe una respuesta universal. Puede haber responsabilidad del delincuente y, al mismo tiempo, una controversia entre las empresas implicadas. También pueden entrar en juego las entidades bancarias, los titulares de las cuentas receptoras, aseguradoras, empleados o prestadores tecnológicos.

Para valorar correctamente el asunto hay que estudiar conjuntamente la relación contractual, las facturas, el historial de pagos, las comunicaciones completas, la operativa bancaria y el origen de la brecha. Una respuesta basada únicamente en el justificante de transferencia o en el último correo recibido puede dejar fuera la cuestión esencial.

Trader&Justicia analiza quién debe soportar el perjuicio

En Trader&Justicia abordamos estos asuntos desde una perspectiva penal, bancaria y mercantil. No nos limitamos a buscar al autor material de la estafa: analizamos también si el pago puede considerarse liberatorio, dónde se produjo la quiebra de seguridad y frente a quién pueden existir vías de reclamación.

Contacta con Trader&Justicia. Revisaremos las circunstancias concretas para determinar qué posición jurídica existe y qué actuaciones pueden valorarse en tu caso. Cada expediente requiere un análisis individual y no es posible garantizar un resultado.